Casi el 80% de alcaldes de Lima tiene investigaciones fiscales o denuncias


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Varios ex alcaldes ahora desean regresar al sillón municipal.

Las acusaciones son por colusión, tráfico de influencias, malversación de fondos, contratación irregular de funcionarios, licitaciones públicas, entrega de canastas por COVID-19, y agresión y violencia familiar.

En ocho meses, los alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional concluirán sus mandatos, y deberán dejarle sus cargos a los candidatos ganadores de las elecciones 2022 que se llevarán a cabo en octubre. Durante estos 40 meses algunos burgomaestres han estado envueltos en diferentes problemas, en algunos casos por actos de corrupción y sus vínculos con el crimen organizado.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó información de las oficinas fiscales, de la Contraloría General de la República e información pública de los 50 alcaldes actuales de Lima y Callao, y halló que el 79% de alcaldes de Lima tiene investigaciones fiscales y/o denuncias. Según el análisis, 15% tienen investigaciones fiscales, 37% tienen denuncias y 27% tienen ambas. Las investigaciones se dieron, en su mayoría, por corrupción: colusión, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, peculado doloso, malversación de fondos, lavado de activos, entre otros; y por delitos contra la paz pública.

En total, sus 34 municipios manejan para el año en curso un presupuesto modificado de de S/3.636.405.024. 25 alcaldes tienen investigaciones realizadas por la Contraloría por otorgamientos indebidos de buena pro; entrega irregular de canastas durante la cuarentena obligatoria por COVID-19 y contrataciones irregulares de funcionarios. En total, 22 burgomaestres contrataron a 122 funcionarios que no cumplían con los requisitos para los cargos que les fueron designados.

Por su lado, otros siete alcaldes tienen denuncias por tráfico de terrenos, contrataciones irregulares, y agresión y violencia familiar, realizadas por medios, Concejo municipal, vecinos y familiares. Los alcaldes que tienen investigaciones y algún tipo de denuncia son Raúl Díaz de Comas; Felipe Baldomera de Los Olivos; Víctor Modesto de El Agustino, Jorge Luis Quintana de Jesús María, Stephen Haas de Pueblo Libre, Julio Chávez de San Martín de Porres, José Dalton Li de Breña, Augusto Miyashiro de Chorrillos, Pedro Rosario del Rímac, y Yuri Pando de Independencia. Algunos estaban investigados incluso antes de ser elegidos en el cargo.

El abogado Javier Albán, exasesor del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), menciona que en el Perú se tiene un problema grave referido a qué tipo de perfiles son los que más atrae la política. “No tenemos un sistema que logre atraer a la gente más idónea por capacidades, méritos y experiencia; y sí uno que atrae a personajes vinculados con redes de intereses privados y hasta con la corrupción y el crímen organizado”.

Si bien, se ha querido enfrentar este problema con normas como las que impiden postular a gente con sentencias incluso de primera instancia, Albán considera que, al menos parte del problema principal, es más bien a quién le atrae la política en el país.

La exministra de Justicia y Derechos humanos, Ana Neyra, explica que es necesario que la ciudadanía tenga información para votar. “Hoy, por ley, solo se puede informar de las condenas, pero no de las denuncias o procesos, ni siquiera si son por delitos graves como corrupción o violencia familiar”, afirma y recalca que proveer de información también podría ser un adecuado filtro.

En el análisis también se encontró que 13 de los alcaldes con investigaciones y/o denuncias ganaron las elecciones con Acción Popular, 5 lo hicieron con Somos Perú, 4 con Alianza para el Progreso y 12 con otros diferentes partidos.

Ana Neyra explica que un tema central para elegir los mejores perfiles es tener mejores filtros. Según detalla, el primero lo deberían hacer de mejor forma los partidos politicos y los movimientos regionales. “Deberían verificar que quienes postulen no hayan tenido gestiones con denuncias por corrupción en otros cargos, verificar su trayectoria a fin de que puedan ejercer adecuadamente el cargo”, sostiene. Neyra explica que por un tema de presunción de inocencia, no es posible que la autoridad electoral le impida a una persona postular por un proceso en trámite.

Sin embargo, desde la reciente modificación constitucional del 2020, sí se puede hacer si tienen una condena en primera instancia. “No hay que esperar hasta que acabe todo el proceso que suele tomar mucho tiempo”, recalca. Sin embargo, en este contexto, un partido sí podría poner mayores filtros en su búsqueda de candidatos. Por su lado, Albán explica que todavía no tenemos en el Perú un verdadero sistema de partidos institucionales, y que esa es una de las principales debilidades de nuestra democracia hoy.

“Idealmente un partido político debería tener una visión del país plasmada en un ideario y un plan de largo plazo, estar conformado por un equipo de muchas personas y tener presencia real en todo o casi todo el país”, afirma. Sin embargo, el abogado señala que todavía se ven partidos sin un plan claro ni una ideología determinada, y que suelen fungir como “vientres de alquiler” en cada elección para intentar mantener su inscripción.

“Es necesario que se dejen de lanzar ‘salvavidas’ a los partidos que deberían desaparecer como más de una vez ha hecho el Congreso; y que más personas se decidan por involucrarse en la política”, declara. Ana Neyra explica que solo se puede remover a un alcalde por las causales de vacancia que se encuentran en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipales: contratar a un familiar, tener un conflicto de intereses o tener una condena; o porque se pida su revocatoria. Esta debería darse con pedido ciudadano con firmas y una votación que decida removerlo por mayoría. “Las [investigaciones por corrupción o por agresión y violencia familiar, por ejemplo], pese a su gravedad, salvo que generen condenas firmes (en lo penal), no podrían generar que un alcalde deje su cargo”, menciona.

Durante la actual gestión, seis alcaldes de Lima han sido vacados. Dos fallecieron en medio de la pandemia. No obstante, otros tres fueron sacado de sus cargos por delitos como corrupción o por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Estos son José Delgado de Punta Negra, David Rojas de San Luis y María Garnica de San Juan de Miraflores. A mediados del 2021, Garnica – fue detenida junto a un grupo de sus funcionarios – acusada de liderar una organización criminal: la banda “Los elegantes de San Jhon”.

Según investigaciones, este habría cobrado cupos de negocios, direccionado obras y creado servicios fantasmas para desfalcar al municipio. El último burgomaestre vacado es Jorge Muñoz. Según una denuncia interpuesta el 29 de septiembre de 2021 por Carlos Hinostroza Rodríguez, recibió dietas por integrar el directorio de Sedapal en 2019 y, a la vez, recibir su sueldo como burgomaestre. El 27 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió en segunda y última instancia declarar fundada la apelación interpuesta por Hinostroza contra el acuerdo del Concejo municipal que rechazó el pedido de destitución de Muñoz.

Por su lado, 57% de alcaldes del Callao tiene investigaciones fiscales y/o denuncias. Estos son Carlos Fox de Carmen de la Legua, Pedro López del Callao, Ramón Garay de La Punta y Daniel Malpartida de Bellavista. Estas fueron por corrupción, omision, rehusamiento o demora de actos funcionales, irregularidades en la recepción y entrega de alimentos durante la cuarentena por COVID-19, otorgamientos indebidos de buena pro, entre otros.

Según Javier Albán, el sistema actual pone mil trabas a una persona honesta que quiere hacer las cosas bien. “Debes renunciar a tu vida privada; aceptar que tus rivales políticos van a inventar cosas sobre ti para acusarte y que algunos medios y gente les va a creer así no sea cierto; quizá te van a amenazar; y probablemente te vas a ir del cargo con una que otra denuncia y con pocos agradecimientos por el trabajo hecho. La polarización llega hasta allí”, asegura.

Además, lo más probable es que la persona en cuestión gane menos que en el sector privado. “ ¿Quiénes van a querer asumir el riesgo de ser candidatos en un sistema así?”, cuestiona Albán quien sostiene que se solo los muy valientes, o quienes no tengan nada que perder. “Necesitamos por eso mejorar nuestro sistema, pero también nuestra cultura política. Se necesitan aún cambios legales (ordenar nuestras leyes electorales en un solo Código; reformas que den más balance), pero también que se reduzca la polarización en la sociedad, y para esto último más que leyes se necesita de un cambio de actitud desde las personas que componemos la sociedad”, remarca.

En octubre se llevarán a cabo las nuevas elecciones. Solo quedan 6 meses para elegir a las nuevas autoridades municipales y regionales. Es importante analizar a quiénes se elegirán como nuevas autoridades para no encontrarnos con un panorama parecido al actual.

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