Gobierno Regional del Cusco pagó IGV de empresa de Rafael López Aliaga y le amplió la concesión por 10 años más


Deudas de Rafael Lopez Aliaga IGV Cusco

Contraloría ratificó que región pagó IMPUESTOS que correspondían al hotel Sanctuary Lodge y vinculada al excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

Primer informe de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República confirmó lo que se sospechaba. La adenda que amplió por diez años la concesión de la administración del hotel Sanctuary Lodge en 2013 fue tramitada y aceptada por Acurio sin sustento técnico, legal y financiero, lo que afectó la recaudación del pago de la retribución fija y variable. El lujoso hotel fue concesionado en enero de 1995 por el gobierno del exdictador Alberto Fujimori Fujimori y terminaba en 2015. La adenda se amplió hasta el 2025.

La empresa Belmond, del ex candidato presidencial y ahora postulante a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, fue beneficiada en forma irregular con la ampliación de la adenda de concesión del Hotel Sanctuary Lodge por diez años y el pago de sus impuestos con dinero del Gobierno Regional del Cusco. El expresidente Jorge Acurio le amplió el contrato y López Aliaga aparece en la agenda de la exautoridad. Contraloría halló un perjuicio de S/228,919 y US$ 26,136.

Gobierno Regional de Cusco pagó IGV de empresa de Rafael López Aliaga y le amplió la concesión del hotel Sanctuary Logde por 10 años en forma irregular

GORE Cusco pagó IGV de empresa Rafael Lopez Aliaga

El papel de López Aliaga

Contraloría revisó las agendas de Acurio Tito donde anotó nombres de empresas y personas. En esta lista aparecen algunos de los que intervinieron en el proceso de la firma de la adenda de ampliación de la concesión a favor de Belmond.

Allí figuran, por ejemplo, Rafael López Aliaga, miembro del directorio de Perú OEH S.A., y el exministro de Trabajo del gobierno aprista Jorge Villasante Araníbar como “Coco Villasante”, quien entre 2011 y 2013 era abogado de Perú OEH S.A. y Perú Belmond Hotels S.A.

La Contraloría señala que la cuarta firma en la escritura pública de la adenda por parte de la empresa pertenece a Rafael López Aliaga. Smith Flores Vásquez, gerente regional de Control Cusco, dijo que al aplicar un peritaje de similitud se concluye que la cuarta rúbrica corresponde al excandidato presidencial, porque guarda similitud con los trazos advertidos en las respuestas dadas por éste al organismo contralor.

Pero también aparece en la agenda el entonces director de Comercio Exterior y Turismo, Madison Barreto, Raúl Felipe Galdo Marín (apoderado de Perú OEH S.A.), Ruffo Antonio Gaona Moreno (Oficina Asesoría Jurídica GORE), Laurent André Carrasset Gros (apoderado de Perú OEH S.A.), Wilbert Villaguerte Mogollón (abogado de López Aliaga) y Lorenzo de Souza Debarbieri (miembro de directorio de Perú OEH S.A)

Lea el primer informe de Contraloría aquí: Auditoría Contrato de Concesión Hotel Turistas Machupicchu

Segundo informe de la Contraloría General de la República.

La Contraloría ratificó que el hotel Sanctuary Lodge fue beneficiado con la omisión de algunos pagos. El IGV y otros importes que correspondían a la empresa vinculada al excandidato Rafael López Aliaga se pagaron con dinero del Gobierno Regional (Gore) Cusco.

El Sanctuary Lodge es el único hotel situado en la puerta de ingreso de la ciudad inca. Fue concesionado en 1995 y en el 2015 fue ampliado el contrato por una cuestionada adenda.

El informe de control específico N° 016-2022, determinó que 14 funcionarios recaudaron montos menores a lo estipulado en el contrato de concesión. Identificó un perjuicio a la entidad de alrededor US$80 000 por lo que recomendó denuncias civiles y procesos administrativos contra los trabajadores.

Según el informe, las irregularidades se cometieron desde enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del año pasado. Según el contrato, el Gore debía hacer un reajuste con el índice de Precios al Consumidor (IPC), adicional a la retribución fija. La omisión representa una pérdida de US$ 67 637,36 para el Cusco. Asimismo, los funcionarios no cobraron el pago del IGV que la entidad asumió durante algunos años lo que generó un perjuicio de US$ 7 530, 88.

La Contraloría informó que tuvo problemas de acceso a la información y que sus conclusiones corresponden a la revisión de 94 comprobantes de pago. Deja abierta la posibilidad de que el perjuicio sea mayor.

“Las situaciones descritas se originaron debido a que los funcionarios públicos y la Oficina de Tesorería del Gore Cusco se apartaron de sus funciones y las cláusulas del contrato, afectando la recaudación y generando un perjuicio económico a la entidad”, concluye.

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